| Dania Virginia Morales Batista |
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Introducción
Se viven momentos de constantes transformaciones en los diversos ámbitos
de la sociedad, que imponen una mirada y accionar diferentes para que guíen a los
países por la vía de un desarrollo que garantice la participación de todos en un mundo
multipolar y con visión de futuro (Shrivastava et al., 2020; Luna-Nemecio et al.,
2020; Turnhout et al., 2020; Hanelt et al., 2021; Gong & Ribiere, 2021; Li et al.,
2021; Narvaez Rojas et al., 2021; Van Veldhoven & Vanthienen, 2022; Fanning et al.,
2022). En América Latina, la situación se torna más compleja por presentar marcadas
desigualdades, que atentan contra el crecimiento de la región (Astaíza-Martínez et
al., 2020; Arias et al., 2020; Aguinis et al., 2020; Ríos-Cabrera & Ruiz-Bolívar, 2020;
Contreras Delgado & Garibay Rendón, 2020; Rojas-Díaz & Yepes-Londoño, 2022;
Ramírez-March & Montenegro, 2023; Rodríguez Casallas et al., 2024; Noa Guerra et
al., 2024). En este aspecto la educación superior desempeña un rol fundamental,
por ser la encargada de preparar a los profesionales para enfrentar de manera
proactiva a estos retos.
Diversos son los espacios donde se han tratado estos temas, como en la
Conferencia Mundial sobre Educación Superior (París, 1998), las diferentes
Conferencias Regionales de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES
1998; 2008; 2018), la Cumbre de las Naciones Unidas (2015) donde se aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, por citar algunos. En esta última en
particular, mediante sus objetivos de desarrollo sostenible y metas, se resalta la
importancia de trabajar en nuestros propios países y en los entornos regional y
mundial, considerando los diferentes contextos, capacidades y grados de desarrollo
de cada país acatando sus políticas y necesidades nacionales. De igual forma, el
Objetivo 4 de la referida agenda establece la responsabilidad a suministrar una
educación de calidad a todos los niveles de enseñanza que permita mejorar la vida
de las personas y el desarrollo sostenible (Agenda 2030, 2018).
Vinculado con el propósito de alcanzar una educación de calidad, en la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, se ha ido implementando cada
vez con mayor fuerza, procesos como la evaluación y la acreditación de la educación
universitaria (Trigo y Elverdin, 2020; Mato, 2020; Rojas, 2020; Caro & Kárpava, 2020;
López-Leyva, 2020; Miranda, 2021; Sangoluisa Caiza, 2021; krause Arriagada et al.,
2021; Valdiviezo-Loayza & Rivera-Muñoz, 2022; Domich et al., 2022). La práctica en
la aplicación de estos procesos, ha contribuido al reconocimiento por las
Instituciones de Educación Superior (IES) no solo de la importancia de estos procesos,
sino también de los beneficios que aporta a la gestión universitaria.
En tal sentido, se ha constatado, que la acreditación universitaria se ha
convertido en una de las estrategias evaluativas más reconocidas por las IES, con la
finalidad de obtener información fidedigna y objetiva sobre la calidad de la
institución y/o de los programas académicos que desarrolla. El nivel de calidad
alcanzado por las IES sometidas a esta evaluación es verificada y certificada por una
agencia u organismo externo, creado en cada país para estos efectos. En Francia,
por ejemplo, se encuentra el Comité Nacional de Acreditación (CNA) de carácter
científico, cultural y profesional; el Higher Education Quality Council of Ontario
(HEQC), agencia independiente consultiva financiada por el Ministerio de Educación,
Colegios y Universidades (TCU) en Gran Bretaña. En el caso particular de América