Agenda institucional para la inclusión y participación política

 de la mujer rural nicaragüense

Institutional agenda for the inclusion and political participation of rural nicaraguan women

Josseline Yaleska Muñoz Berroterán1

https://orcid.org/0000-0002-8381-1188

1Universidad Central de Nicaragua, Managua, Nicaragua

josseline.munoz@ucn.edu.ni

Artículo de revisión

e8951

Cite este artículo como:

Muñoz Berroterán, J.Y. (2025). Agenda institucional para la inclusión y participación política de la mujer rural nicaragüense. Universidad & ciencia, 14(3), e8951.

URL: https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/8951

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17715311

Resumen

Introducción: en Nicaragua los procesos de articulación y establecimiento de estrategias para impulsar el desarrollo en sus diferentes dimensiones, hasta el año 2008 no incluían el enfoque de género. Este estudio se centra en el sujeto mujer rural y los procesos de inclusión de las mismas en las agendas institucionales. Objetivo: analizar el proceso de evolución y avances en la agenda institucional para la inclusión y participación política de la mujer rural nicaragüense. Método: a partir de un enfoque cualitativo y descriptivo, enmarcado en el paradigma interpretativo se examinan los referentes contextuales y las pautas que han facilitado este proceso. La metodología empleada combina técnicas de análisis documental, incluyendo métodos de análisis-síntesis y análisis de contenido empírico. Resultados: se identifican tres factores claves que han contribuido a la inclusión y participación política de la mujer rural: la modernización del marco jurídico estatal, la adopción de un modelo alternativo de desarrollo y la transversalización del enfoque de género. Conclusión: desde 2007 Nicaragua ha promovido una estrategia multisectorial orientada al desarrollo humano sostenible e integrada por un enfoque de género transversal, lo que ha permitido avances significativos en la inclusión y participación política de la mujer rural, al reconocer su papel como agente fundamental del desarrollo y fortalecer su empoderamiento dentro de la agenda institucional del país.

Palabras clave: enfoque de género; inclusión institucional; mujeres rurales; participación política

Abstract

Introduction: In Nicaragua, the processes of articulating and establishing strategies to promote development in its various dimensions did not include a gender perspective until 2008. This study focuses on rural women as subjects and their inclusion in institutional agendas. Objective: analyze the evolution and progress in the institutional agenda for the inclusion and political participation of rural Nicaraguan women. Method: Using a qualitative and descriptive approach within the interpretive paradigm, the study examines contextual references and guidelines that have facilitated this process. The methodology combines documentary analysis techniques, including synthesis-analysis methods and empirical content analysis. Results: Three key factors contributing to the inclusion and political participation of rural women were identified: the modernization of the state legal framework, the adoption of an alternative development model, and the mainstreaming of the gender perspective. Conclusion: since 2007, Nicaragua has promoted a multisectoral strategy aimed at sustainable human development, integrated with a cross-cutting gender perspective. This has enabled significant progress in the political inclusion and participation of rural women, by recognizing their role as fundamental agents of development and strengthening their empowerment within the nation's institutional agenda.

Keywords: gender perspective; institutional inclusión; political participation;

rural women

Introducción

La aprobación de la ley 648, ley de igualdad de Derechos y Oportunidades, dio paso a reformar y adecuar el sistema jurídico con el fin de incluir y reconocer la participación de la mujer en el ámbito público, incluyendo un capítulo sobre el ámbito de lo político y asegurar la participación efectiva de la mujer [ CITATION Flo18 \l 2058 ].

Aunque existen estudios sobre la participación política de las mujeres en Nicaragua y la región, así como de sus procesos de luchas sociales, lo cierto es que pocas investigaciones se han centrado específicamente en el sujeto mujer rural y los procesos de inclusión de las mismas en las agendas institucionales (Orozco, 2022). El espacio rural ha sido investigado desde una dimensión economicista o agro productora, sin embargo, los procesos experimentados para incluir este sector dentro de la agenda pública o institucional, han estado al margen de las investigaciones nacionales, es decir que la evolución del desarrollo de políticas, programas o proyectos dirigidos a este sector no ha tenido un proceso de seguimiento y sistematización científica.

En Nicaragua, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 2023), las mujeres que residen en zonas rurales representan el 48.7 % de dicha población, de este grupo, las mayores de 15 años constituyen el 13.5 % de la población total, mientras que el 39.3 % del conjunto de mujeres nicaragüenses pertenece al ámbito rural. En este contexto, el estudio se considera pertinente para fortalecer los conocimientos sobre la materia, tomando en cuenta la relevancia de este sector femenino en la estructura demográfica del país.

El objetivo del estudio es analizar el proceso de evolución y avances en la agenda institucional para la inclusión y participación política de la mujer rural nicaragüense. El diseño metodológico responde al paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo, a fin de abordar, significados, acciones, y la forma en que se vinculan con otras prácticas y conlleva a explicar hechos sociales para comprenderlos (Piña Ferrer, 2023). Es una investigación descriptiva, basada en una revisión documental sistemática de cinco artículos científicos (indexados en LAMJOL y SciELO); 10 documentos oficiales (leyes, decretos, informes, planes) publicados por el Gobierno de Nicaragua y organismos internacionales (PNUD) entre 2008 y 2024, repositorios institucionales (Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo) y de ministerios claves (Ministerio de la Mujer, Ministerio Agropecuario, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

La búsqueda se realizó mediante las palabras clave: mujer rural, participación política, inclusión política, Nicaragua, políticas de igualdad. Los criterios de selección de los documentos fueron: relevancia temática (vinculación directa con políticas de género y participación rural); vigencia temporal (documentos emitidos entre 2008, año de la Ley de Igualdad de Oportunidades y 2024). Para el procesamiento de la información se utilizó el análisis de contenido de forma manual, con el fin de agrupar por categorías y subtemas lo recopilado. La clasificación, codificación y escrutinio de las temáticas contempladas en los documentos de análisis se realizó con el apoyo de matrices de contenido, lo que permitió sistematizar la información y ordenarla en relevante y no relevante. Las categorías relevantes fueron marco jurídico (leyes, reformas), políticas públicas (programas, planes), participación efectiva (indicadores de acceso a cargos, liderazgo) y subtemas como igualdad de género o paridad política, desarrollo sostenible y nueva ruralidad.

Posteriormente, se procedió a realizar la triangulación, en donde se contrastó la perspectiva teórica con la información encontrada en los documentos de análisis, validando consistencia entre documentos gubernamentales, literatura académica y datos de repositorios. La investigación es longitudinal, porque se centra en un contexto histórico, que parte desde el momento en el que el marco jurídico nacional sufre cambios en el año 2008, con la incorporación de la política de igualdad de oportunidades. Este marco permite analizar discontinuidades, avances y desafíos en la inclusión política de las mujeres rurales.

La investigación se sustenta en el paradigma de la nueva ruralidad, que reconoce las transformaciones económicas, sociales y territoriales que redefinen la vida en el campo y exigen políticas públicas acordes con estas nuevas dinámicas. Este enfoque supera la visión agrícola tradicional, entendiendo lo rural como un espacio diverso e interconectado con lo urbano y los procesos globales. Dichos cambios implican una fusión de costumbres y valores entre ambos ámbitos, lo que modifica las demandas colectivas y redefine los roles de género, destacando el creciente protagonismo de la mujer en el desarrollo económico y social (Miranda, 2011; Muñoz y Balladares, 2021).

Desarrollo

Referentes contextuales

La inclusión política de las mujeres rurales en Nicaragua no solo es un tema de justicia social, sino también una condición necesaria para la erradicación de la pobreza. Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en la economía, la seguridad alimentaria, la gobernanza local y la cohesión social; su participación e inclusión en la agenda política, ha sido esencial para el diseño de políticas públicas (Cifuentes & Fernández-Cediel, 2022) que respondan a sus necesidades y potencien sus capacidades como sujetos activos y proactivos dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo trazada por el Estado de Nicaragua (GRUN, 2021).

La inclusión del sector rural y en específico de las mujeres, en la agenda pública, significa un proceso de reivindicación y reinvención del Estado, frente a la ruta de desarrollo planteada. La inclusión se relaciona con la capacidad de gestión del Estado para garantizar el bienestar social, a sectores que, por su condición, históricamente han permanecido en desventaja, esta tiene un fin ético, minimizar las desigualdades sociales (Muñoz y Balladares, 2021).

Las mujeres rurales, enfrentan desafíos diferentes, sus necesidades, aspiraciones y realidades, históricamente han sido permeadas por limitaciones intersubjetivas. Considerando la revisión de literatura, en Nicaragua, las mujeres rurales han atravesado distintos contextos gubernamentales, que se pueden agrupar de la siguiente forma: desde la perspectiva extractivista y mercantilista de la ruralidad (1990-2006), hasta ideas de desarrollo humano sostenible (2008-2016) y consideraciones más complejas, integrales y específicas que combinan el enfoque de género y el paradigma de la nueva ruralidad (2016-2024).

Pautas en el proceso de inclusión y participación política de la mujer rural en la agenda institucional

Partiendo de la revisión histórica del marco jurídico nacional, el proceso de reivindicación e inclusión política de la mujer rural, como sujeto activo del entorno nacional encontró su origen en la reforma agraria de 1981, que concedió el derecho a la tierra de la mujer. Sin embargo, mediante la revisión de los documentos y la sistematización de la información se revelaron tres factores determinantes en el proceso de inclusión y participación política de la mujer rural en la agenda institucional: modernización del marco jurídico del Estado, iniciado en el año 2008, la adopción de un modelo alternativo de desarrollo, que se expresa a partir de la actualización del plan nacional de Desarrollo Humano 2009-2011, y la transversalización del enfoque de género como política de Estado.

Modernización del marco jurídico del Estado

De acuerdo con los documentos oficiales correspondientes al período analizado, el proceso se consolidó con la aprobación de diferentes instrumentos jurídicos, como la ley creadora para el fondo de compra de tierras con equidad de género, Ley 717 aprobada el 5 de mayo de 2010, luego la aprobación de la Ley 648, Ley de igualdad de Derechos y Oportunidades el 14 de febrero del 2008 y la Ley de reforma y adición a la N°40 de municipios, Ley 786, aprobada el 8 de marzo de 2012, en donde se estableció la paridad de género, que señala que los mecanismos prácticos y legales para avanzar hacia la profundización de la equidad de género y la recuperación de los derechos de las mujeres, se obtiene a través de la participación de la mujer en el Poder Local (Ley N°786, 2012).

Esta ley institucionalizó el acceso de las mujeres a la vida política, se considera un antecedente legal para dar paso a la reforma de la Constitución Política, aprobada en el año 2025, que garantiza la paridad de género en el cargo máximo, Presidencia de la República, integrada por un Co-Presidente y una Co-presidenta (Constitución Política de Nicaragua, 2025, art. 121).

Se observó que la inclusión política de las mujeres responde a un proceso de modernización, cuyo auge y expansión tuvo lugar en un periodo de gobierno específico:

Tras la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 2007, el nuevo gobierno potenció el rol de las mujeres en la superación de la pobreza como agentes claves del desarrollo nacional, esto orientó programas sociales que generaron mayor visibilidad de las mujeres no solo en la esfera económica [ CITATION Flo18 \l 2058 ].

Adopción de un modelo alternativo de desarrollo

La revisión de literatura permitió constatar que, en el período estudiado, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza se han convertido en las principales metas planteadas por organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los propios Estados que se encuentran en vías de desarrollo, en donde la ruralidad debe ser atravesada por la perspectiva del desarrollo integral. De acuerdo con Arpai Cruz, “la gestión de políticas públicas inclusivas es un tema crucial para promover la equidad y oportunidades para grupos vulnerables” (2024, p. 2).

Una vez asumido el poder por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en el año 2007, se inició un proceso de revisión y establecimiento de una agenda institucional orientada a la reducción de la pobreza y la potencialización de los sectores agrícolas del país, bajo la lógica del desarrollo humano, presente en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2007-2008) resultado de una amplia consulta a la ciudadanía durante la campaña electoral 2006.

En el año 2009 el programa de gobierno fue modificado a Plan Nacional de Desarrollo Humano Actualizado (2009-2011), en el que se estableció como uno de los ejes de trabajo la reducción de la pobreza rural y la restitución de los derechos a este sector específico de la población nicaragüense, que se encontraba en situaciones de extrema pobreza (Muñoz y Balladares, 2021). Esta estrategia multisectorial planteaba las siguientes prioridades (Tabla 1):

Tabla 1

Lineamientos Estratégicos del PNDH (2009-2011)

El Plan incluyó diversos programas orientados a la inclusión y empoderamiento de las mujeres rurales, entre ellos Hambre Cero, que reconoció su papel central en el bienestar familiar, así como Usura Cero, Libra por Libra, Semilla para Siembra y otras iniciativas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para la creación de empleo en las comunidades rurales del país, así como el acompañamiento técnico a pequeños productores (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2009). Estas acciones promovieron la creación de empleo y el desarrollo económico en las comunidades rurales. Asimismo, el gobierno destacó que la participación de la mujer es esencial e impostergable para el desarrollo nacional y para fortalecer la participación ciudadana desde sus espacios habitacionales, comunidades, comarcas o municipios (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2009; Muñoz y Balladares, 2021).

Otras de las acciones institucionales que se realizaron bajo la lógica de un modelo alternativo de desarrollo, fue la actualización del programa sectorial de desarrollo rural productivo, denominado PRORURAL Incluyente (2010-2014); uno de los principales objetivos de este plan era la construcción de la nueva ruralidad (Ministerio Agropecuario y Forestal, 2009). En dicho enfoque se agregó la estrategia de acción sectorial, multidimensional e interinstitucional, con el fin de promover alianzas público-público y público-privado en las comunidades rurales.

En 2017 se presentó el Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, que incorporó políticas de igualdad de oportunidades orientadas a la inclusión de la mujer rural (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2018). Dichos lineamientos fortalecieron la estrategia gubernamental y consolidaron su institucionalización en la realidad y necesidades de las poblaciones rurales de Nicaragua.

Los ejes que se presentan en la tabla 2, fueron seleccionados, con el objetivo de ejemplificar el proceso de inclusión de la mujer rural en la agenda pública, a través del PNDH 2018-2021.

Tabla 2

Ejes del PNDH 2018-2021 como parte de la estrategia gubernamental de inclusión de la mujer rural en sus diferentes ámbitos

En el marco de la actualización del Programa Nacional de Desarrollo Humano (2018-2021), el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional formuló el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano (2022-2026), publicado en 2021, incorporando con mayor claridad el enfoque de género como política institucional para reducir la desigualdad. Según la Unión Interparlamentaria (2020), Nicaragua ocupó el tercer lugar en empoderamiento político por la destacada participación de las mujeres en la vida pública (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2021). En este programa se establecieron acciones y lineamientos estratégicos para continuar los procesos de desarrollo instituidos en los programas y políticas ejecutadas (tabla 3).

Tabla 3

Lineamientos estratégicos del PNLCDH 2022-2026 enfocados en el desarrollo rural

Lo anterior permitió constatar dos dimensiones fundamentales en el proceso de empoderamiento de la mujer: la económica y la sociopolítica, con ello se estableció un instrumento que garantiza el respaldo gubernamental para la participación de la mujer rural en la vida pública y la agenda pública, con vista al posicionamiento de estas como sujetos activos del desarrollo rural.

Considerar a la mujer como un actor clave para la expansión del desarrollo rural puede ser explicado en el contexto de la nueva ruralidad y desde su rol participativo comunitario, influyente en la toma de decisiones para el bienestar familiar. La inclusión de la mujer rural en la agenda pública también permite fortalecer su participación en el escenario local y nacional[ CITATION Ahm23 \l 2058 ].

Transversalización del enfoque de género

Se constató que la estrategia gubernamental para la inclusión de la mujer rural en las diferentes esferas ha sido un proceso paulatino, en el que el gobierno ha insertado un esquema de trabajo para potencializar el empoderamiento de la mujer rural a través de políticas, planes y programas enfocados en el sector agrario o productivo.

Se identificó que las políticas de desarrollo y promoción de la economía local han favorecido a las mujeres al impulsar estrategias con sustento jurídico en la Ley N.º 648 (2008), considerada una medida orientativa de género que ha facilitado su inclusión en las políticas públicas del ámbito rural y socio productivo. Este proceso refleja la transversalización del enfoque de género, entendida como “la institucionalización del género como política y quehacer del Estado y el gobierno, un aspecto que se refleja en la elaboración y ejecución de planes de igualdad” (Flores, 2018, p. 18).

Como parte de la estrategia gubernamental, se aprobó la Ley N.º 717, Ley Creadora del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, que permitió a muchas mujeres legalizar propiedades previamente negadas por patrones culturales machistas. Asimismo, la Ley N.º 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (2014), aunque no aborda directamente la participación política, tuvo un impacto significativo en la sociedad, especialmente en las zonas rurales, al brindar respaldo jurídico ante situaciones de discriminación o violencia.

La estrategia gubernamental orientada a la inclusión y participación de la mujer rural ha sido positiva. En conjunto, estas acciones reflejan una estrategia de gobierno transversalizada por el enfoque de género, orientada a la inclusión y participación de las mujeres rurales dentro del aparato institucional.

En la actualidad, con la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, se expresa que: “El Estado, con el apoyo de los sectores privado, cooperativo, asociativo, comunitario, comunal y mixto, impulsará políticas públicas y privadas que estimulen un amplio y equitativo acceso de la población rural y urbana al financiamiento” (Constitución Política de Nicaragua, 2025, art, 99).

El proceso de establecimiento y ejecución de la política gubernamental orientada hacia el sector rural y la inclusión de la mujer se puede explicar de la siguiente manera: en primer lugar, se institucionaliza el enfoque de género y la igualdad de oportunidades como principio transversal de la política pública (2008). A partir de esta base, se incorporan dichos lineamientos en la planificación y formulación de los Planes Nacionales de Desarrollo Humano (PNDH 2009–2011, 2018–2021) en sus diferentes periodos y en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano (PNLCPDH, 2024–2026). Posteriormente, los ministerios e instituciones públicas diseñan programas y proyectos orientados al desarrollo local y rural, los cuales son implementados por las alcaldías municipales y otras instancias gubernamentales. Finalmente, las principales beneficiarias de este proceso son las mujeres de comunidades y comarcas rurales, quienes se integran como agentes activos del desarrollo y de la transformación social en sus territorios.

Conclusiones

El análisis documental proporcionó evidencia que enriqueció el marco teórico sobre la mujer rural y fundamentó los avances en su inclusión política dentro de la agenda institucional nicaragüense. Se identificó que las pautas que han facilitado el proceso de inclusión de la mujer rural en la agenda institucional se deben a tres factores clave: la modernización del marco jurídico estatal, la adopción de un modelo alternativo de desarrollo y la transversalización del enfoque de género.

Además, se concluye que la adopción de un modelo alternativo de desarrollo en Nicaragua ha estado fuertemente vinculada con la construcción de una nueva ruralidad, centrada en la inclusión, equidad y participación protagónica de sectores históricamente excluidos, especialmente las mujeres rurales. Desde el 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha promovido una estrategia multisectorial e interinstitucional orientada a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo humano sostenible, incorporando políticas públicas con enfoque de género como eje transversal. La institucionalización de dicho enfoque ha sido respaldada tanto por planes de desarrollo como por el marco jurídico nacional, destacando leyes como la Ley 648, la Ley 717 y la Ley 779. Esta articulación ha permitido no solo reconocer a las mujeres como actoras clave del desarrollo socio-productivo, sino también consolidar su empoderamiento económico y sociopolítico, garantizando su participación activa en la agenda pública local y nacional. En síntesis, el modelo impulsado refleja un compromiso progresivo del Estado y el gobierno con la equidad de género como principio estructural del desarrollo rural integral.

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Conflicto de interés

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